Seis organizaciones denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el surgimiento de una "nueva fase" del paramilitarismo en Colombia con grupos como el Clan Úsuga, al que el Gobierno rechaza calificar de paramilitar y llama banda criminal.

"El paramilitarismo se ha consolidado en una nueva fase", afirmó hoy en nombre de las seis organizaciones, Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz durante una audiencia pública de la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington.

Las organizaciones hicieron referencia al "paro armado" de 48 horas que aterrorizó al norte y noroeste de Colombia la semana pasada y que fue organizado por el Clan Úsuga, la mayor banda criminal del país, que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y se dedica al narcotráfico y la extorsión.

El "paro armado" es una acción intimidatoria de grupos armados ilegales que busca interrumpir cualquier actividad económica o comercial en una región determinada.

El Clan Úsuga, al que las autoridades han vinculado con el cartel de Sinaloa, liderado por el mexicano Joaquín el "Chapo" Guzmán, nació después de la desmovilización de las ya disueltas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que llegaron a un acuerdo para dejar las armas en 2006.

"Los hechos del 'paro armado' involucraron asesinatos, quemas de autobuses y paralización de personas en el norte del país. Esta es la muestra de la continuidad del paramilitarismo", afirmó Alejandro Malambo, de la Comisión Colombiana de Juristas de Colombia.

De esta forma, en la audiencia chocó, por un lado, la perspectiva de las organizaciones, que quieren que se califiquen de "paramilitares" las actividades del Clan Úsuga; y por otro, la visión del Estado que califica a este grupo de banda criminal y ha emprendido contra él una intensa persecución militar y policial.

Esta ofensiva empezó a comienzos del año pasado, se llama "Operación Agamenón" y se dirige contra la cúpula del Clan Úsuga, en especial su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

Para ilustrar la "persistencia" del paramilitarismo, los peticionarios afirmaron que, hasta marzo de 2015, se han producido 28 asesinatos, 13 de los cuales se dirigieron contra defensores de derechos humanos y 15 fueron objeto de acciones de "limpieza social", estrategia de los criminales para crear miedo.

"El Estado colombiano rechaza con vehemencia los homicidios y asesinatos y cualquier acción que busque amedrentar a los defensores de derechos humanos", contestó el consejero presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, Guillermo Rivera.

Las autoridades colombianas están investigando estos 28 homicidios y ya han iniciado pesquisas por ejemplo en el homicidio a comienzo de marzo de Klaus Zapata, miembro de la Juventud Comunista y de la Red Juvenil de Soacha, destacó Rivera tras la audiencia a un reducido grupo de periodistas, entre los que estaba Efe.

En la audiencia, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González, aseguró que el país suramericano ha logrado un gran descenso en la tasa de homicidios.

"Hace 20 años, Colombia tenía una tasa de homicidios cercana a 90 por cada 100.000 habitantes, ahora es del 24,5 % por cada 100.000 habitantes", aseguró el embajador, quien destacó que el Ejecutivo colombiano también ha reducido a la mitad el número de secuestros en los últimos años.

Ante los desacuerdos sobre los datos de violencia, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, pidió a las partes que elaboren una "película común" en una reunión en Bogotá y envíen al organismo internacional información sobre cómo las autoridades investigan los ataques a defensores de derechos humanos.

Colombia es protagonista hoy de cuatro audiencias públicas en la CIDH, que esta semana celebra 50 audiencias de 20 países del continente para analizar la situación de los derechos humanos en el marco de su 157 periodo de sesiones.

EFE